¿MORENA QUIERE UNA GUERRA CIVIL?

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POR REDACCION

Aunque no creo que haga falta, aclaro
que no soy abogado ni menos
constitucionalista, pero como cualquier
ciudadano medianamente informado, leo
nuestra Constitución y creo entender
algunos de los derechos y garantías
fundamentales que la Ley de Leyes tutela
como indispensables para la paz y la
convivencia civilizada de todas y todos los
mexicanos.


Sé, por eso, que lecciones de nuestra
historia como el asesinato del senador
Belisario Domínguez, a quien el dictador
Victoriano Huerta ordenó cortarle
previamente la lengua antes de sacrificarlo,
inspiraron garantías como la inmunidad
personal, el derecho a manifestar de modo
libérrimo sus opiniones y a proceder en
consecuencia, sin ser reconvenidos ni
perseguidos por ello, los miembros del H.


Congreso de la Unión. Se trata de que los
parlamentarios puedan ejercer, sin miedo a
represalias de ninguna clase, las
responsabilidades inherentes a la honrosa
representación que el voto popular les
confirió precisamente para eso.
De ello se sigue que quien viole o limite
esos derechos y garantías de los diputados,
viola por ello la Constitución y comete un
delito grave que debe ser sancionado sin
falta. Naturalmente que la inmunidad
parlamentaria no equivale a impunidad ni
puede servir como patente de corso para
cometer delitos, ya del orden común o ya

del orden federal. La propia ley establece
el procedimiento para castigar el abuso de
la inmunidad parlamentaria: juicio político
con vistas al desafuero del infractor para
ponerlo a disposición de la autoridad

judicial, única facultada para decidir si el
acusado es culpable o inocente.
Como es del dominio público, la
Cámara de Diputados acaba de discutir y
rechazar el proyecto de reforma a la
industria eléctrica del presidente López
Obrador.

Dicho proyecto, en esencia,
proponía otorgar a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) el monopolio de la
producción, conducción y entrega del
fluido eléctrico a los consumidores, en
detrimento de los inversionistas privados
del sector. No es mi propósito discutir aquí
el contenido del proyecto ni pronunciarme

sobre el mismo, porque entiendo que se
trata de una cuestión compleja y
trascendente que no debe abordarse a la
ligera. Solo quiero, por ahora, subrayar el
hecho de que, desde que fue dado a la
publicidad, una abrumadora mayoría de
especialistas y expertos en el tema eléctrico
se pronunciaron en contra, exponiendo
razones, cifras y argumentos que no
pueden ignorarse ni refutarse solo con
argumentos político-ideológicos, ya que lo
que está en juego es la viabilidad
económica del país.


Por iniciativa del PRI, se abrió un
periodo de análisis basado en foros

abiertos donde, al menos en teoría, podía
participar todo el que tuviera algo que
decir al respecto y quisiera hacerlo
público. Desde el primer día quedó claro,


según mi información, que de tales foros
no saldría nada, porque jamás pudieron
los participantes ponerse de acuerdo en
algo, coincidir en algún punto que
sirviera de base, de punto de partida para
desarrollar una argumentación coherente
en favor o en contra del proyecto.

Eran
“tecnócratas neoliberales”, según los
“morenos”, contra “revolucionarios” de la
4T según ellos mismos, cuyas ideas y
propósitos no tienen nada que ver entre
sí. Los “tecnócratas” hablaban de mejorar
el funcionamiento del modelo económico
vigente; los “morenos” de eliminarlo
totalmente por nocivo para el “pueblo” y
poner en su lugar algo mejor, aunque
nunca precisaron en qué consiste ese
“algo mejor”.

El hecho es que opositores
y defensores del proyecto no se
escuchaban entre sí; cada quien hablaba
para los suyos sin prestar atención a los
argumentos del contrario. Aquello era un
diálogo de sordos del que, como ya dije,
no podía salir, y no salió absolutamente
nada útil.
Llegada la hora de las negociaciones,
los partidos políticos de oposición
propusieron algunas modificaciones
importantes a cambio de su voto, pero los
“morenos” se negaron alegando que
castraban el proyecto y lo volvían inútil.
La verdad es que tenían órdenes del
presidente de no permitir que se le
cambiara ni una coma, lo cual hizo
imposible el acuerdo. Y sin cambiarle una
coma, en efecto, el proyecto llegó al

pleno de la Cámara de Diputados para su
discusión y aprobación en su caso. Tal
como estaba ya claramente advertido, la
oposición se mantuvo firmemente unida
esta vez y votó en contra, logrando así el
rechazo de la reforma.

Se trató de una
derrota anunciada: los “morenos” sabían
que sin la oposición no lograrían la
mayoría calificada (dos tercios de los
votos de los diputados presentes en la
sesión) que se necesitaba, por tratarse de
una reforma constitucional. Tenían que
haber negociado por fuerza, pero el
autoritarismo y la prepotencia del
presidente se los impidió.

En
consecuencia, es el presidente, y nadie
más, el responsable de la derrota.
Y sin embargo, los morenistas han
optado por culpar a la oposición como si
los hubiera engañado y traicionado
arteramente; como si lo ocurrido en la
Cámara hubiera sido una sorpresa total
para ellos. Sin pensarlo mucho (o más
bien nada) la han acusado, nada más y
nada menos, que de “traición a la patria”,

y han iniciado una campaña de hostilidad
y odio en su contra, entre sus seguidores
y el público que solo se informa en las
“mañaneras” del Presidente, campaña que
pone en riesgo la integridad física y moral


de los diputados de la oposición y sus
familias. Se han volcado, además, a
repartir por todo el territorio nacional, y a
través de las redes sociales, carteles con
la fotografía de los “traidores” claramente
copiados de los del viejo oeste
norteamericano para capturar a
delincuentes fugitivos. Solo falta el pie de
foto con la famosa leyenda: “dead or
alive”.

Quizá para algunos la cosa resulte
chusca (algo tiene de ridícula), pero la
verdad es que se trata de algo amenazador
para la paz social.

La traición a la patria
es un delito grave que la ley castiga
severamente, incluido el presidente de la
República. Por tanto, si el presidente de
Morena, Mario Delgado, y su secretaria
general, Citlalli Hernández, tienen
pruebas fehacientes de que la oposición
es culpable de tal crimen, están obligados
a denunciarla ante la autoridad
competente e iniciar de inmediato su
proceso de desafuero. De no hacerlo así,

o bien se demostrará que son simples e
irresponsables injuriadores profesionales,
o bien se harán cómplices del delito por
encubrimiento.

Pero este ataque al 50% de los
integrantes de la Cámara de Diputados,
libremente electos por la voluntad
popular para que representen sus intereses
en esa instancia, va más allá de lo
puramente legal.

Es un salto de calidad en
la política de confrontación y de
exacerbación de los odios por diferencia
de opinión entre los mexicanos, atizada
desde sus “mañaneras” por el presidente
López Obrador. Esta campaña, como
sabemos, no se limita al discurso agresivo
e injurioso, sino que, casi siempre al
ataque verbal, le siguen sanciones,


bloqueos institucionales a todos los
niveles e instrucciones para negar o
suprimir derechos y beneficios sociales a
las personas y agrupaciones previamente
heridas e infamadas verbalmente, aunque
se ponga en riesgo su vida misma.
A continuación, algunos ejemplos de
lo dicho. Supresión del Seguro Popular,

las guarderías para hijos de trabajadoras y
los comedores comunitarios; eliminación
del FONDEN y de los fideicomisos para
proyectos transexenales de varias
instituciones; los recortes salariales de la
burocracia que ganaba más que el
presidente; la ley de extinción de
dominio; la ley que equipara el fraude
fiscal con el crimen organizado; el
absurdo e inconstitucional aumento de los
delitos que ameritan prisión preventiva; la
escasez de fármacos por cambios
apresurados en los métodos de
adquisición anteriores;

la falta de insumos
y de equipo de protección adecuado para
el personal de salud ante la Covid-19; la
negativa a adquirir y aplicar pruebas para
detectar los contagios, que ha provocado
ya 350 mil muertes; padres y madres de
niños con cáncer acusados de
conspiradores; movimiento feminista;
movimiento de protesta de quienes se
quedaron sin medicinas en el IMSS;
movimiento de los ambientalistas contra
daños ecológicos del Tren Maya; los
desplazados de sus ejidos y comunidades
por la violencia del crimen organizado;


los médicos despedidos que fueron
contratados por la emergencia de la
Covid-19; los periodistas acusados y
satanizados por el presidente; los
investigadores acusados y perseguidos
por “corrupción”; los estudiantes que
defienden la democracia y la autonomía
de sus instituciones, etc., etc.
Y ahora van contra los diputados (que,
por cierto, no me explico qué esperan
para plantear su defensa colectiva y no
individual). Los diputados de oposición
(al menos con el mismo grado de

autenticidad que los de Morena, aunque
Mario Delgado haga mofa de ellos)
representan una parte muy significativa
(si no es que mayoritaria ya) del pueblo
mexicano. Acallarlos con acusaciones

infamantes, con amenazas de cárcel o de
linchamiento por los “chairos”, es acallar
y amenazar al pueblo representado por
ellos. Mario Delgado les lanza la ironía
de que, si representan al pueblo, por qué
temen que éste conozca el sentido de su
voto. Por lo visto, no se ha puesto a
pensar que si alguien azuzara a sus
incondicionales en contra de él, se vería
en muy serios aprietos si, por mala suerte,
alguna vez los tuviera en frente o se
encontrara de pronto en medio de ellos.
¿Querría decir eso que su representación
es espuria?


La guerra contra la oposición es contra
el pueblo y niega su derecho a elegir
libremente a sus representantes; el derecho
a disentir de toda o de parte de la política
del gobierno y a oponerse a las medidas
derivadas dictadas por él. Con esto, lo
están reduciendo a la desesperación y a la
impotencia frente al poderoso aparato del
Estado, frente al Leviatán del Estado que
casi nunca está al servicio de sus intereses.
Y cuando esto ocurre, cuando los pueblos
encuentran cerradas todas las puertas y
todos los caminos legales y pacíficos para
resolver sus necesidades y, por añadidura,
se desconoce su derecho a la
representación, la sociedad se halla, si no
al borde de la guerra civil, sí en el camino
que conduce a ella. ¿Es eso lo que busca
Morena?

Más de una vez, aunque de manera
elíptica, el presidente ha dicho que no
encabeza un simple cambio de régimen

sino una revolución; que su gobierno es el
gobierno del pueblo y que es éste el que
manda en el país.

Pretende justificar así el
autoritarismo represivo de su gobierno
llamándolo “dictadura revolucionaria del
pueblo”, algo así como la dictadura del
proletariado que Marx expuso a raíz del
fracaso de la Comuna de París.

En esta
idea se enmarcan las amenazas a los
diputados: es una acción legítima que
busca someter a los “enemigos del pueblo”
en nombre del pueblo y para bien del
pueblo.

Pero si tratamos al marxismo como lo
que es, como una ciencia, según dijo
Engels, resulta que no hay revolución
“popular”, porque el pueblo no es una
clase, sino una amalgama heterogénea de
clases que se identifican por ser todas
asalariadas, aunque con distintos niveles
de ingresos.

El pueblo homogéneo, sin
divisiones de clase en su interior, es
resultado y no condición previa de la
verdadera revolución proletaria. Y en la
4T, por mucho que se diga y se repita, yo
no miro ni obreros ni “pueblo” al frente
del Estado, sino a un iluminado (Muñoz
Ledo dixit) al que sus discípulos y
seguidores creen (o fingen creer) a pies
juntillas, y obedecen sus órdenes como
autómatas carentes de voluntad, por
convicción o por conveniencia.

Esto no es
dictadura popular ni proletaria, sino una
dictadura personal, una autocracia que
insiste en llevar a México a donde su
“sabiduría” y su voluntad infalibles le
sugieren. Si seguimos por este camino, el
riesgo de una guerra civil se hará cada
vez más patente y amenazante. Ojalá nos
detengamos a tiempo.