Queda en Libertad Abogada Matamorense

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POR: VIRGILIO FLORES

Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informa que el día de hoy el Agente del Ministerio Público participó en la Audiencia de Suspensión Condicional del Proceso, solicitada por parte de la defensa de Susana “P”, respecto a la imputación de los delitos cometidos Contra Servidores Públicos, Motín, Amenazas y Coacción de Particulares.

Durante la audiencia el Representante Social realizó al Juez de Control un plan de reparación del daño y el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la imputada a fin de garantizar una efectiva tutela de los derechos de las víctimas, la reparación del daño y, así como, resolver el conflicto originado con motivo de la comisión de delitos, en estricto cumplimiento de lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y aplicación del principio de debido proceso.

Por su parte, la defensa de la imputada de igual forma expuso su ofrecimiento a la autoridad judicial sobre el pago de la reparación de daño y condiciones a cumplir por parte de su representada. Por lo que una vez analizados los elementos, el Juez de Control emitió su resolución para dar solución alterna al proceso, imponiendo las siguientes condiciones:

  • Residir en el domicilio señalado por la propia imputada en el Estado de Chihuahua.
  • Abstenerse de tener contacto con los ofendidos y sus domicilios.
  • Dejar de frecuentar la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
  • Acudir ante el Tribunal cuando se le solicité asistir a las audiencias de control, debiendo informar previamente su itinerario.  
  • Abstenerse de viajar al extranjero.  
  • Cubrir la reparación del daño, consistente en 66 mil pesos a favor de las cinco víctimas.

Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la imputada y su defensa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de actuar bajo el cumplimiento irrestricto de los principios institucionales, apegado al Marco Normativo y en observancia a los derechos humanos, aportando los elementos necesarios para acreditar el desarrollo del proceso de los probables responsables que atenten contra el legítimo desempeño de la función pública, la paz pública y el actuar de los servidores públicos.